La legislación española es muy tolerante con determinadas mentiras y muy estricta con otras. Veamos algunos ejemplos:
Si una persona miente en un folleto publicitario puede ser perseguida por ello y responder incluso ante los tribunales. La publicidad tiene valor contractual.
Si se miente en una compraventa y se da gato por liebre, ocurre exactamente lo mismo.
Si no se cumple la palabra dada en un negocio, puesto que tiene el valor de contrato, se tendrá que responder; incluso no cumplir con una promesa de matrimonio te puede llevar al banquillo.
No te digo nada si donde se miente es al rellenar tu Declaración de Hacienda o al formalizar una escritura. Serás perseguido con minuciosidad, incluso con saña, y acabarás pagándolo muy caro.
Mentir en tu trabajo te puede acarrear un despedido procedente y sin indemnización.
En cualquier ámbito de la vida si eres un embustero tienes un verdadero problema.
Sin embargo hay mentiras que quedan impunes, pese a decirlas ante millones de testigos.
Me refiero exactamente a las que se realizan durante una campaña electoral o en pleno ejercicio del gobierno.
Las promesas electorales deberían tener valor contractual.
El anterior presidente del gobierno pasará a la historia como el mayor embustero de la historia de España.
Mintió en sus promesas de pleno empleo, mintió sobre sus negociaciones con los terroristas, mintió sobre el origen, la duración y la salida de la crisis, ¿Recuerdan los brotes verdes de 2009? Y por último hemos visto que ha mentido hasta en la contabilidad; descubriéndose ahora que el déficit público es mucho mayor del reconocido al Gobierno entrante. ¡Un 33% más!
Si un gerente de una empresa la lleva a la ruina tendrá que responder con su patrimonio incluso ante los tribunales. Sin embargo el señor Rodríguez Zapatero se va de rositas cobrando 150.000 € al año y sin la más mínima responsabilidad después de haber mentido reiteradamente y haber dejado España en quiebra.
Urge cambiar la ley para poder pedirle cuentas, despojarlo de lo inmerecidamente cobrado, someterlo a vergüenza pública y sentarlo ante el juez.
Y que sirva de aviso a navegantes pasados, presentes y futuros; del Gobierno central, las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.
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